Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas del Gobierno de Puerto Rico (Gabriel López Albarrán/Centro de Periodismo Investigativo)
Por Vanessa Colón Almenas y Cristina del Mar Quiles
A solo días de que entre en efecto la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador de Puerto Rico, no hay certeza de quién liderará los esfuerzos de recuperación de los huracanes Irma y María en la isla.
Aunque Omar Marrero Díaz confirmó este lunes que continúa siendo el representante autorizado del Gobernador (GAR en inglés) ante la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), este dijo que no tiene garantía de que permanecerá en el puesto a partir del viernes a las 5:00 p.m., cuando Rosselló Nevares se irá de La Fortaleza. La persona designada como GAR representa y lleva a cabo a nombre del gobierno territorial todo lo relacionado con los fondos asignados por FEMA.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le cuestionó a Marrero Díaz si tenía garantías de que él seguiría siendo el GAR, a lo que dijo: “La contestación a esa pregunta tiene que ser que no”.
“Hoy, el gobernador es Ricardo Rosselló. Cuando venga su sucesor o su sucesora, esa persona, de acuerdo con la Ley Stafford, tiene que ratificar [al representante autorizado]. Sería irresponsable de mi parte decirte que sí”, agregó Marrero.
Thomas Von Essen, administrador de la Región II de FEMA, solicitó en una carta con fecha del 25 de julio del 2019 al gobernador saliente Rosselló Nevares que se aclare “tan pronto sea posible” quién será el representante autorizado del Gobernador para revisar y ejecutar un nuevo acuerdo con el Gobierno federal para el manejo de los fondos de recuperación. La carta también fue enviada a Jonathan Hoyes, actual coordinador federal de Recuperación de Desastres para Puerto Rico.
Von Essen le anuncia al Gobernador que FEMA reincorporará requisitos adicionales para el desembolso de dinero de recuperación.
Desde febrero del 2018, Marrero Díaz es el GAR y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Construcción (COR3), encargada de ser el enlace entre FEMA y los municipios, agencias del Gobierno y organizaciones sin fines de lucro.
Según Marrero, la carta no le sorprendió, pues antes de hacerse pública, recibió dos llamadas en las que se le adelantó del contenido de la misiva. Una de estas fue de Jeffrey Byard, el administrador asociado para la Oficina de Respuesta y Recuperación de FEMA y nominado por el presidente Donald Trump a ocupar el puesto de director de la agencia, y la otra, de un ayudante de Trump en la Casa Blanca.
Marrero Díaz reconoció que la renuncia del Gobernador supone un reto para la continuidad del proceso más importante que enfrenta la isla actualmente, pero minimizó el efecto que podría tener luego de una transición.
“No hay prioridad más grande que no sea el proceso de recuperación. Por eso hemos establecido un equipo, hay una estructura, hay un conocimiento institucional y unas relaciones que se establecen, así que si yo mañana tengo que hacer una transición porque el que venga nombra a otra persona, pues se hace la transición y va a ser transparente”, aseguró.
En la misiva, Von Essen indica que Marrero “ha tomado acciones proactivas para aumentar el rigor del manejo de riesgos relacionados a las entidades que han sido objeto de alegaciones recientes de actividad ilícita”.
Marrero mencionó que esto se refería a varias agencias que fueron tratadas como entidades de “alto riesgo”, incluyendo los departamentos de Salud y Educación, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese trato implicaba que se les exigían revisiones de documentación y cumplimiento adicionales antes de desembolsarles dinero de recuperación. Explicó que el análisis para determinar el nivel de riesgo tiene que ver con la cantidad de dinero que recibiría la entidad, los recursos disponibles, su expertise para administrar este tipo de fondos y el tiempo que se tarda en someter documentación.
Aunque Marrero estableció que su definición de “alto riesgo” es previa a las acusaciones federales en Educación y ASES, la carta de FEMA apunta específicamente a estas dos agencias.
El 10 de julio, el FBI arrestó a la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila y al contratista de la firma de asesoría financiera BDO, Alberto Velázquez Piñol, además de tres personas, bajo acusaciones de lavado de dinero, fraude electrónico y otros cargos de conspiración.
Von Essen informa en la carta al Gobernador que las “circunstancias actuales” han llevado a FEMA a requerir revisiones adicionales antes de desembolsar los fondos de recuperación.
El funcionario federal enumera las otras circunstancias para las medidas cautelares: la inminente transición tras la renuncia del Gobernador; el cambia cambia de funcionarios en posiciones clave del gobierno, como el director de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); y la falta de capacidad de las agencias de gobierno para manejar fondos federales.
Vuelve el “formulario 270”
Von Essen instruye en la carta que —de forma inmediata— FEMA será la entidad encargada de aprobar el desembolso para los municipios, agencias del Gobierno y organizaciones sin fines de lucro. Esta directriz deja a un lado el acuerdo entre FEMA y COR3 anunciado en marzo para que el Gobierno de Puerto Rico fuera quien examinara y autorizara los reembolsos.
“FEMA revisará la solicitud [de desembolso] y proporcionará una respuesta por escrito”, añade.
Este paso para el reembolso, conocido como el “formulario 270”, había sido impuesto por FEMA en noviembre de 2017 como un requerimiento adicional a Puerto Rico para acceder a los fondos de reembolso bajo el programa de Asistencia Pública.
FEMA justificó su decisión de entonces basándose en la magnitud y costos del proceso de respuesta y recuperación de la isla, según una carta que el excoordinador federal para la Recuperación de Desastres para Puerto Rico, Michael Byrne, envió a José Marrero, GAR alterno para esa fecha.
Omar Marrero ha insistido en que este es un ejemplo de que FEMA ha tenido un trato diferente con Puerto Rico.
“El formulario 270, impuesto el 7 de noviembre de 2017, es la evidencia más clara del trato discriminatorio que tienen [hacia] los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico distinto a cualquier otra jurisdicción, porque no hay ninguna otra jurisdicción que tiene el formulario 270. Seguimos con el formulario y eso es lo mismo que decir que FEMA controla el proceso de reembolso. Nosotros le decimos, consistentemente, ‘déjame controlarlo’”, sostuvo Marrero en entrevista con el CPI en febrero.
El proceso 270 implica que cuando un solicitante presentaba su solicitud de reembolso, y el COR3 hacía una revisión de los documentos que deben acompañar la solicitud, FEMA volvía a hacer la misma revisión, y además realizaba un cotejo de la elegibilidad del solicitante, la instalación, el daño y el costo.
Cuando Marrero anunció en marzo el acuerdo para que FEMA eliminara la revisión adicional que hacía, indicó que se demostraba que “el Gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad para gestionar su recuperación con la misma responsabilidad y deberes que cualquier otro estado”.
Bajo ese acuerdo, el COR3 podía adelantar el 75% del dinero al solicitante tan pronto certificara que los documentos estaban en orden.
La compañía Deloitte fue contratada por $31.6 millones hasta el 30 de junio de 2021 para desarrollar las metodologías para eliminar el proceso 270, que se está reincorporando por FEMA esta semana.
Marrero afirmó que la restitución del formulario 270 será una medida temporera y que luego de que la persona que sustituya a Rosselló confirme quién será el GAR y se firme un nuevo acuerdo con FEMA, se podrá eliminar nuevamente.
Añadió que la mayoría de los reembolsos para trabajos de emergencia ya se obtuvieron. El 75% para los relacionados con el huracán Irma y el 71% para los del huracán María ya ha sido desembolsado. Mientras, que la prioridad actual es que se obligue el dinero para los proyectos de trabajo permanente, pues la mayoría aún no están en etapa de solicitar reembolso y no tendrían todavía que pasar por el proceso 270.
Zar de la Recuperación
Desde el 2017, la idea de que el presidente Donald Trump nombre a un Zar de la recuperación que supervise el manejo de los fondos de asistencia otorgados a Puerto Rico ha resonado en Washington D.C.
El 24 de julio, en medio de la crisis causada por la inminente renuncia de Rosselló González, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, urgió al presidente Trump el nombramiento de un coordinador federal para la reconstrucción para Puerto Rico tras la destrucción de los huracanes Irma y María.
“Lo alentamos a establecer un Coordinador Federal claramente definido para la reconstrucción de Puerto Rico. Esta sería una herramienta valiosa para el objetivo de ayudar a las familias y comunidades necesitadas”, lee la carta de González Colón firmada también por el senador republicano Rick Scott (Florida) y el representante republicano Sean Patrick Duffy (Wisconsin).
Ante la situación que enfrenta #PuertoRico, envié carta junto a @SenRickScott y @RepSeanDuffy instando al Presidente Trump que designe a un coordinador federal para manejar el uso adecuado de los fondos federales asignados a la Isla pic.twitter.com/T0ocVLVsuz
— Jenniffer González (@RepJenniffer) July 24, 2019
González Colón hizo la misma propuesta en febrero al jefe interino de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. “Tiene que ser una persona que tenga la credibilidad y que tenga el respaldo de la Casa Blanca para ir por encima de todas las agencias federales”, pidió la Comisionada Residente.
Aunque el entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, descartó la idea pues “sería un paso burocrático adicional que no facilitaría la recuperación”, luego, el gobernador Rosselló Nevares le dio la bienvenida a la propuesta sujeto a que “no atrasara los procesos”.
Al coro a favor de un zar se unió desde abril el excoordinador de Revitalización en la Junta de Control Fiscal, Noel Zamot, durante una audiencia ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, que preside Raúl Grijalva.
El director ejecutivo del COR, por su parte, condicionó su apoyo a un zar federal si se trata de una figura con la encomienda de adelantar las conversaciones con agencias federales y agilizar los procesos de reembolso de dinero para la recuperación.
“Si, por el otro lado, significa una intromisión a la política pública, una intromisión con determinar cuáles son los proyectos prioritarios o tratar de poner una burocracia adicional que atrase el desembolso, tenemos que estar en contra rotundamente porque en nada va a adelantar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, expuso en febrero.
Al 31 de mayo, se habían asignado $42 mil millones en fondos para la recuperación, según datos de FEMA, y se habían desembolsado casi $14 mil millones.
